La Ley de Medios y el art.32 de la Constitución Nacional

Se ha dicho desde el oficialismo que ese auténtico mamarracho jurídico que ha sido votado por el Congreso y promulgado bajo el nro.26.522 y pomposamente llamado “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” llegaba para “democratizar” los medios de comunicación. Pero ni los medios, ni ninguna otra empresa tienen que ser “democráticos”. La democracia es sólo aplicable a los gobiernos, sean éstos nacionales, provinciales o municipales. ¿Se imaginan al personal de una fábrica eligiendo al directorio por el voto popular? ¿Se imaginan al personal del Grupo Clarín eligiendo a uno de los cadetes para reemplazar al todopoderoso Magnetto? Es hora de terminar con estas tonterías. Sólo puede ser “democrático” o no el gobierno de un Estado, de acuerdo a lo indicado en su constitución como tal.

Y la Confederación Argentina (ya es muy difícil llamarla “República”) tiene una constitución escrita que no es la voluntad caprichosa de quien circunstancialmente está a cargo de su administración. Y esa Constitución tiene un artículo, el nro.32, que dice “El Congreso Federal  no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Obsérvese que el constituyente utiliza el verbo “restringir”. Y cualquier ley, reglamento u ordenanza implica una restricción a la libertad de actuar o de no hacerlo, es una intervención del Estado en las relaciones entre particulares con diversos fines. Y por “libertad de imprenta” debe entenderse necesariamente “libertad de empresa periodística”, más allá de que la nuestra Ley Fundamental utilice los términos “prensa” e “imprenta” en diferentes artículos. Pero son equivalentes. No puede existir libertad de prensa sin que exista libertad de empresa periodística.

El texto del art.32 no figuraba ni en el proyecto de Alberdi, ni en la redacción original de la Constitución de 1853. Fue incorporado por la reforma de 1860, llevada a cabo en cumplimiento del Pacto de San José de Flores. ¿Cuál fue el motivo que llevó a los convencionales del Estado de Buenos Aires a proponer esta norma? El encargado de exponer las razones fue Dalmacio Vélez Sarsfield, quien durante la sexta sesión ordinaria dijo lo siguiente: “Voy a exponer los motivos de esta reforma, ya que no lo hacen los que la han propuesto. La reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta nunca puede ser un delito, diré así, nacional. El Congreso dando leyes de imprenta sujetaría el juicio a los tribunales federales, sacando el delito de su fuero natural. Si en una provincia como Buenos Aires, no hubiera leyes de imprenta o los abusos de ellas fueron sólo castigados por el juez correccional, como otra cualquiera  injuria, ¿por qué daríamos facultad al Congreso para restringir la libertad de imprenta, darle otra pena a los delitos de imprenta, o imponer a los diarios restricciones o gravámenes que hicieran dificultosa su existencia? La reforma dice aún más: que el Congreso no puede restringir la libertad. La libertad de imprenta, señores, puede considerarse como una ampliación del sistema representativo  o como su explicación de los derechos que quedan al pueblo, después que ha elegido sus representantes al cuerpo legislativo. Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos; esto sería hacerlos irresponsables. El puede conservar y conviene que conserve el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las medidas de sus representantes y de todos los que administran sus intereses. Dejemos, pues, pensar y hablar al pueblo y no se lo esclavice en sus medios de hacerlo. El pueblo necesita conocer toda la administración, observarla, y aún diré dirigirla en el momento que se separe de sus deberes, o para indicarle las reformas o los medios de adelanto, como sucede todos los días. Hoy es sabido en el mundo que los mayores adelantamientos materiales y morales de los pueblos son debidos a la prensa, al pensamiento de los hombres que no están empleados en la administración. Nosotros mismos somos testigos. La prensa ha indicado mil veces y aun ha exigido las mayores reformas en la administración y ha propuesto y ha discutido las leyes más importantes. Sobre todo, sin la absoluta libertad de imprenta, no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes: la opinión pública. Sólo la libre discusión por la prensa, puede hacer formar el juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte de un país. Sólo también por medio de la libertad de imprenta puede el pueblo comprender la marcha de la administración. No basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más absoluta libertad de imprenta puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o la responsabilidad de los poderes públicos. El pueblo entonces con pleno conocimiento de la administración crea como siempre sucede, un medio de adelantamiento, o el medio de evitarse un mal”.

Como puede apreciarse fácilmente, las palabras de Vélez describían un objetivo diametralmente opuesto al que persigue la actual administración, que no es otra cosa que lograr el establecimiento del “pensamiento único”, en base a lo que creen debe ser la consagración de la “voluntad popular” manifestada a través de la emisión del voto.

También es destacable la opinión de Joaquín V.González  en su “Manual de la Constitución Argentina”, comentando este artículo: “Importa dejar el poder de dictar las leyes que reglamenten su ejercicio a los gobiernos de las provincias. Resulta de esta restricción de los poderes del Congreso sobre la prensa, que se ha querido establecer para la Nación un gobierno de opinión y de examen, consecuente con su origen popular, y las faltas o delitos por medio de la prensa se cometen deben ser juzgados según la ley común en cada provincia. En uso de su soberanía exclusiva para legislar sobre imprenta, las constituciones de las provincias la han garantido contra legislaciones restrictivas, y han establecido, por regla general, el jurado como forma de enjuiciamiento por los abusos que por su intermedio se cometan, admitiendo la prueba de la imputación contra funcionarios públicos”.

Entonces, ¿qué hace falta para estar seguros de que la ley de marras es inconstitucional? Saber si restringe la “libertad de imprenta”, claro. Al menos sus artículos más cuestionados, no todo el texto legal se refiere a lo mismo. Y todo parece indicar que sí, aunque para el gobierno, sus fieles lacayos parlamentarios y los sagaces “opositores” que supimos conseguir suceda lo contrario. A esta altura ya no hace falta ninguna explicación, declaración ni movimiento en sentido alguno para confirmar que esta norma se sancionó pura y exclusivamente para desmembrar a un grupo mediático díscolo, que alguna vez fue complaciente, por no decir cómplice. El sólo hecho de calificarlo como “monopolio” cuando esto está lejos de ser verdad, ya nos da una idea de cómo hay que encarar la cuestión. Pero en Argentina ya no se piensa. Pensar se ha convertido en un defecto de la “burguesía”…

(CONTINUARA…)

La justicia, apéndice de la tiranía

Que la administración de justicia, bajo el presente régimen tiránico, ha perdido completamente su independencia, no es ninguna novedad, en especial el Fuero Federal. Muchos jueces son meros delegados del Poder Ejecutivo; otros, simulan alguna independencia pero siempre acaban por satisfacer los caprichos de la Casa Rosada y aquellos que, aplicando el derecho como deben, es decir, sin mirar a quién, son atacados sin piedad desde todos los ángulos posibles. Pero esto es historia repetida, está en el ADN de quienes han recibido un voto de confianza por parte de la mayoría del electorado, confianza imposible de explicar teniendo en cuenta los antecedentes históricos. Y como para muestra sólo basta un botón, pasaré a transcribir textualmente un fragmento del discurso que pronunciara en entonces presidente electo Héctor José Cámpora, ante la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 1973. En el mismo se refería a los planes del nuevo gobierno en relación al Poder Judicial. Estimado lector, lea cuidadosamente y saque sus propias conclusiones:  

Con clarividencia y sencillez acaba de decir el General Perón: “La libertad y la justicia son los remedios que deben preferirse a la represión y compresión del pueblo". No hay duda que padecemos déficit de justicia . No hay confíanza popular en que las soluciones del legislador sean justas. Tampoco se cree que las decisiones del gobernante se inspiren en esa virtud y no estén al servicio del privilegio . No se confía en que la administración de justicia la discierna rápida y equitativamente. La política del Estado debe hacerse cargo de esta situación. Es sabido que la pérdida del respeto por la actuación de los tribunales implica el más grave detrimento para el prestigio de la ley. Más que cualquier otra deficiencia pública. el pueblo percibe los defectos de la administración de justicia. Aquí también la falta de confianza en los magistrados resiente gravemente la imagen del Estado y deteriora sensiblemente la del Gobierno. La preocupación por este problema debe figurar entonces entre los asuntos prioritarios a resolver por el Poder Ejecutivo . Sin duda que la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones y su libertad frente a las interferencias de otros poderes debe ser plena y asegurada. Pero el reconocimiento del principio, en su doble carácter personal y funcional no implica un concepto estereotipado . La independencia del Poder Judicial tanto como la del Legislativo o la del Ejecutivo es en realidad problema de cada Poder. La Constitución señala en forma precisa la extensión y los límites de la esfera de actividad de cada uno de ellos. El Poder Judicial no puede ser ajeno a la tarea de Liberación Nacional que definirá la acción concreta de la nueva orientación del Estado. Pues en la medida en que el nuevo orden jurídico será el orden jurídico de esa Liberación, el Poder Judicial será el encargado de realizar esos nuevos valores en las decisiones de los conflictos particulares . Desde este punto de vista, el Poder Judicial será también el custodio de la legalidad de ese nuevo orden de valores, pues ésa es la función que le encomienda la Carta Magna. Como ya se ha dicho. la legalidad del Estado tiene un único origen, la voluntad popular, y un fin definido, el respeto de la persona humana en su proyección individual y social. Resumiendo, la Liberación Nacional es tarea de la totalidad del Estado y por tanto también del Poder Judicial. Necesitamos no sólo jueces calíficados por sus conocimientos sino también versados en la comprensión de la naturaleza humana , imbuidos de sentido nacional independiente, humildes, pacientes e incansables para buscar la verdad, que sean honestos y tenidos por tales por la ciudadanía. Que perciban la ética prevaleciente y los valores de la Argentina en reconstrucción participando en ésta con su función creadora. Que sientan la demora en administrar justicia como un dolor intolerable y que inclusive preserven las libertades públicas contra cualquier exceso, aun si proviniera del mismo Gobierno. También se ha de contemplar, reconociendo la jerarquia de su cometido, el trascendente papel de los abogados y demás auxiliares de la justicia asegurando junto con el régimen previsional que el foro reclama, la colegiación necesaria para garantizar la presencia de normas éticas y el perfeccionamiento de sus integrantes. La Justicia entonces debe tener todo los atributos necesarios para ejercer en libertad su ministerio frente a los otros poderes pero no puede estar apartada de los ideales. los propósitos y el destino del Pueblo expresados categóricamente a través del proceso electoral que culminó el 11 de marzo y el 15 de abril. Independiente, sí, pero no ajena o contraria a sus decisiones. El Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo integran un mismo Gobierno, que tiene una senda trazada por el pueblo y debe seguirla sin desvío. Independiente, sí, de los otros poderes pero sin ignorar las expectativas creadas a los sentimientos de un Pueblo ilusionado y decidido. Pero independiente también, en especial de los poderes ocultos que son hoy los más sutiles e implacables instrumentos de sometimiento de una nación. La justicia, defensora de la libertad, pero no de la libertad para amparar injustamente a los fuertes y sojuzgar sin razón a los más débiles; defensora insobornable de las libertades públicas, en un ámbito y sentido social. El Pueblo debe ver en ella su imagen , su proyección, en los conflictos cotidianos de intereses. No es posible una justicia que se detenga en el pasado y no comprenda la evolución del constante presente y del cercano futuro. Debe avanzar con la vida social y nutrirse no sólo en persona y decisiones pretéritas, sino en hombres - no interesa su origen- que ajusten sus decisiones a normas jurídicas pero a la nueva luz que despierta cada día. Lo dijo ya con palabras precursoras que son hoy, con honor, mi Palabra, el General Perón, al dirigirse a la Asamblea Legislativa, al asumir por primera vez la Presidencia de la República: “Pareja a la honradez ha de marchar la ecuanimidad en el gobernante reflejada en su amor a la justicia. En lo que a mi hace pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial que es requisito indispensable para la prosperidad de las naciones; pero entiendo que la Justicia además de independiente, ha de ser eficaz y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público. De otro modo se frustrarán respetables anhelos populares y se entorpece el desenvolvimiento social con grave perjuicio para las clases obreras. Estas, que son naturalmente las menos conservadoras en el sentido usual de la palabra, al ver cómo se cierran los caminos del derecho no tienen más recurso que poner su fe en los procedimientos de la violencia”. Palabras premonitoras que continúan teniendo plena vigencia en esta hora en que asumo el Gobierno de la Nación y han sido inspiradoras, en la materia, de las Pautas Programáticas que anuncié el día 20 de enero del año en curso. 

 Una maravilla, ¿verdad? Pero no podemos decir que no nos avisaron...

Réquiem para la UCR

En estos últimos días hemos asistido a otro episodio vergonzoso de la tambaleante política argentina: la decisión orgánica de la Unión Cívica Radical de “acompañar” el proyecto del gobierno para expropiar (o mejor dicho, confiscar) gran parte del paquete accionario de YPF en manos de Repsol. Ni más ni menos, el otrora gran partido, caracterizado por su supuesta defensa de la legalidad y la vigencia plena de las instituciones republicanas, se ha convertido en un vulgar cómplice de latrocinio. Ahora, cuando estamos cerca de que en Diputados se redondee el aval a ese despropósito que ni por asomo traerá beneficio alguno al país, vemos cómo algunos legisladores se apartarán de aquella decisión partidaria para no avalar lo que consideran un atropello con el único objeto de ampliar la “caja” y seguir con la fiesta para no perder votos o, lo que es peor, para que el desastre en ciernes no termine por enterrar al gobierno antes de tiempo. ¿Se acuerdan cuando el ex presidente Raúl Alfonsín recitaba el Preámbulo de la Constitución Nacional en sus discursos de campaña allá por 1983? Buena fórmula que terminó dándole buenos resultados ante el atropello y caos que prometían los seguidores de la fórmula justicialista de entonces. Pero era otra falacia. Una más. ¿Cómo compatibilizar eso con las recientes declaraciones del diputado Bazze, quien en medio de la discusión por el apoyo o no al proyecto inconstitucional promovido por la presidente, declaró muy suelto de cuerpo que “en el radicalismo no hay lugar para propuestas liberales”?. ¿Se habrá dado cuenta este legislador que la Constitución argentina es profundamente liberal? ¿Qué es lo que juraron respetar muchos de los políticos radicales, que ostentan título de abogado? ¿Qué es lo que defendía Raúl Alfonsín al recitar el Preámbulo? La UCR es hoy un partido en vías de extinción, siendo nosotros generosos al no declararlo ya extinguido. Lo más dramático de la situación política actual es que no surja ningún dirigente que plantee una verdadera alternativa a la tiranía oponiéndose frontalmente a su accionar, a ese “vamos por todo”, que ya sabemos qué significa, aunque gran parte de la población se mantenga indiferente quizás pensando que se trata de una declamación más de “cancherismo” argentino. No es así. Tanto la presidente como muchos de los que la acompañan han bebido demasiado del totalitarismo más abyecto como para pensar que bromean. Y el radicalismo no es otra cosa que una expresión patética de sumisión frente al proyecto hegemónico de someter al país entero, sin lugar a la más mínima expresión de disenso. En un país donde se aplaude la violación de las leyes siempre y cuando el aplaudidor no resulte una víctma directa de esa violación, no hay ningún futuro posible que no sea el caos más absoluto. No será la UCR una alternativa viable para escapar de semejante destino, lamentablemente.

Nación fallida

Ciertos analistas políticos suelen utilizar la expresión “estado fallido” para referirse a algunos estados soberanos que no logran garantizar los servicios básicos a la población, que han perdido en un todo o en alguna parte el control de su territorio, que han perdido legitimidad en la toma de decisiones o tienen incapacidad de interactuar con otros estados. La otrora República Argentina aún no entra en semejante categoría, pero puede cargar con otra no menos infame: la de “nación fallida”. Esto es, tomando el concepto de “nación” dado por Anthony Smith, de “una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites”. Esa comunidad humana que representan los argentinos tiene, desde hace mucho tiempo, una rara habilidad: aquella de elegir siempre el peor camino, de apostar fuertemente por su propia ruina. Ya en una entrada anterior de este mismo blog había citado (ver “El caso CFK”) a Marcos Aguinis que en uno de sus textos nos recuerda que ya Darwin, en 1833, pudo detectar una curiosa solidaridad del argentino para con los delincuentes, como si existiera una identificación entre el ciudadano común y aquellos que violan la ley. Por eso mismo no debe extrañar que el argentino medio no dude en elegir gobernantes con graves sospechas de corrupción sobre sus espaldas, y aplauda con entusiasmo flagrantes violaciones de derechos ajenos, como ocurrió ayer ante el anuncio de la expropiación de una buena parte de las acciones de YPF. Este insólito espectáculo nos recordó la efusiva ovación que recibió el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá cuando declaró la suspensión del pago de la deuda pública del país. Ese patrioterismo (una suerte de mezcla entre patriotismo y patoterismo) ya nos ha costado muy caro a los argentinos conscientes de la realidad y de la historia. Sin embargo, una y otra vez vemos cómo se vuelve a caer en los mismos errores, como si a gran parte de la población le hubieran inyectado alguna droga que produce efectos analépticos de por vida. Así, Cristina Fernández ha trazado, sin querer, un triste paralelo entre ella y el alcohólico dictador Leopoldo Galtieri, al cual la población no dudó en ovacionar luego del manotazo de ahogado que representó el asalto a Malvinas, por el sólo hecho de buscar perpetuarse en el poder. Curiosamente, el mismo objetivo que se persigue ahora. Porque se intentó reflotar la “causa nacional” de Malvinas, y al comprender la actual tiranía que la comunidad internacional no apoyaría su bravuconada, entonces echó mano a otra solución que costará un precio impredecible al país y a sus empobrecidos habitantes: la expropiación brutal de YPF, sin ley ni indemnización previas, tal como lo manda la Constitución. Claro, qué vamos a mencionar a la Constitución formal si ya hace rato que en el país rige otra, una material (al decir del profesor Germán Bidart Campos) que no está escrita y que en este caso (como también ocurrió durante el nazismo) se le opone totalmente. Y que no es otra cosa que la voluntad de la presidente.
Más allá de las consecuencias políticas y jurídicas que tendrá que afrontar el país por esta disparatada decisión sobre YPF, la misma conlleva una verdadera provocación al sentido común ciudadano. En efecto, el discurso con el que se puso en marcha esta ilegal medida, no fue otra cosa que el reconocimiento de una política energética destructiva de muchos años, y que tuvo como principal protagonista al mismo ministro que hoy aparece nombrado como interventor. Sí, el mismo ministro que con su desidia es también responsable de la tragedia de Once y quién sabe de cuántas otras más si la fortuna no nos acompaña. Y todo esto genera aplausos y festejos. Es la nación fallida.
A veces, cuando pienso en Cristina Fernández, no puedo dejar de recordar lo del pastor Jim Jones, el reverendo norteamericano de ideas comunistas que fundó la secta “Templo del Pueblo” y que el 18 de noviembre de 1978 empujó al suicidio a más de 900 personas en Guyana, él mismo incluido. ¿Cuánto faltará para que el pueblo argentino beba mansamente la limonada con cianuro?

Aquelarre

¿En qué se ha convertido la otrora República Argentina? A la luz de los hechos recientes es muy difícil encontrar una respuesta. Un vicepresidente puesto como candidato “a dedo” por la presidente para que, supuestamente, la acompañe sin chistar en todas y cada una de sus decisiones políticas, tanto en su función de reemplazante como en la de presidente del Senado, se ve acorralado por denuncias de todo calibre y convoca a la prensa para lanzar una cháchara incomprensible como contragolpe. Si antes de semejante exposición estaba muy comprometido, ahora su situación es absolutamente insostenible. Pero claro, estamos hablando de Argentina, y en este país pueden suceder cosas espantosas sin que a muchos se les mueva un solo pelo. De no mediar tragedias evitables como la que tuvo lugar en la estación Once, que el gobierno busca sacar de la memoria popular a toda costa, como el reciente temporal que azotó principalmente a la zona oeste del Gran Buenos Aires, los ciudadanos parecen vivir embriagados por los vapores de un licor imaginario, en medio de un sopor que les impider ver cómo su propio país se esfuma entre las garras de la corrupción y la voracidad del totalitarismo en ciernes.
No hay respuesta alguna desde la oposición, porque tampoco hay oposición real; los dirigentes políticos que no forman parte de la banda gubernamental, sólo se diferencian en cuanto a la cosmética, pero en el fondo parecen estar muy contentos con el rumbo que ha elegido el oficialismo. Tampoco la prensa, que en situaciones como la presente, con ausencia de dirigentes políticos capaces y organizados, suele asumir un rol que no le corresponde, pero que ha tenido protagonismo en muchas latitudes en defensa de las instituciones republicanas, parece estar sumida en una actitud complaciente, aún aquellos que son demonizados por la tiranía. En efecto, puede haber críticas durante los episodios más aberrantes, pero apenas se esboza algún síntoma de cordura (que no es otra cosa que una teatralización para engrupir a los incautos) los hombres de prensa no vacilan en adjudicar al gobierno un posible cambio de rumbo hacia posiciones menos confrontativas o menos violatorias del sistema republicano, lo que por otra parte, ya pudimos comprobar con harta suficiencia, está en sus mismos genes. Como bien diría Borges, no son ni buenos ni malos, son simplemente incorregibles.
Las disparatadas diatribas lanzadas por Amado Boudou en su “conferencia de prensa” (en el sentido kirchnerista de la expresión) prometen generar un verdadero aquelarre en el ámbito del partido gobernante. Y contra todo lo que la lógica podía suponer, después de demostrar con su monólogo que se trataba del manotazo de ahogado de un hombre acorralado y sin aliados, ahora presentó denuncias en la Justicia sobre hechos que no podrá probar, ampliando así la sucesión interminable de barbaridades que la claque gubernamental aplaude sin vacilar. La denuncia contra el estudio que condujera el procurador Esteban Righi, un camporista de la primera hora, promete derivar en consecuencias imprevisibles. Consecuencias dentro del propio gobierno, claro está. Porque afuera todo parece marchar de maravilla. La desidia oficial en proveer seguridad, pronta asistencia en catástrofes o un nivel de vida más o menos digno, no parecen estar en discusión. Todo se tolera en la Argentina de hoy. Menos afectar la “gobernabilidad”, por supuesto. Parece que el desastre de fines del 2001 caló tan hondo en algunas personas que podrían soportar cualquier cosa antes de una crisis institucional como aquélla. Y provoca profunda tristeza comprender que un alto porcentaje de la población avaló en las urnas estas fechorías. Porque pocos pueden hacerse los distraídos y decir “yo no sabia”. Ahora es demasiado tarde. La descomposición moral de la sociedad actual amenaza el futuro de varias generaciones. Por ello es necesario capear todos los temporales que vengan, pero no cesar en la lucha por volver a la Constitución. La formal, aquella que nos dejaron escrita los próceres que vieron un futuro de prosperidad para la Nación.

¿Qué se recuerda el 2 de abril?

Existiendo el día 10 de junio establecido como Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, no encuentro explicación lógica para que se haya decretado un feriado y se lleven a cabo actos recordatorios del 2 de abril de 1982, en abierta contradicción con el 10 de junio, ya que con los sucesos del 2 de abril se echó por tierra todo el esfuerzo diplomático desarrollado a través de muchos años. Es incomprensible que un auténtico “manotazo de ahogado” de una dictadura militar en descomposición, y que le costó la vida a varios cientos de argentinos, sea recordado como si de una fecha patria se tratara. Se sabe que antes de aquella absurda acción militar, el país estaba muy cerca de forzar una solución negociada al estilo Hong Kong, y que le hubiera dado la plena soberanía sobre las Islas Malvinas a la Argentina en un plazo probablemente muy cerca de cumplirse hoy en día. Pero claro, la irracionalidad nacionalista y el patriotismo mal entendido es capaz de conseguir apoyo para tales disparates. No es extraño que el gobierno actual, que comparte muchas características totalitarias con aquella dictadura militar, eche mano a una suerte de “ofensiva” para reinstalar el reclamo de la soberanía sobre las islas como una forma de distraer a la opinión pública de los desastres por él provocados.

Culto a la personalidad

A través de la historia, una característica que aparece en los totalitarismos o regímenes tiránicos es el culto a la personalidad del líder que conduce el proceso. Si bien la expresión fue acuñada por el dirigente soviético Nikita Khrushchev durante el 20° Congreso del PCUS para referirse al caso de Stalin, se pueden encontrar antecedentes mucho más viejos. ¿Y cuáles son las señales que nos permiten establecer que existe semejante culto? Podemos enumerar las siguientes: 1) La devoción injustificada de casi todos con el “conductor” (unos por convicción, otros por miedo o conveniencia); 2) La presencia de un “enemigo común” que sirva para justificar la acción del líder, sin importar si es interno o externo, y que supuestamente pretende destruir al régimen o al líder mismo; 3) Ausencia de crítica a las expresiones públicas del líder. Todo aquel que se oponga será considerado un traidor; 4) Persecución y difamación de aquellos que se atrevan a criticar al líder o al régimen por él expuesto; 5) Equiparación de la figura del líder con la del Estado mismo. Si éste es atacado, entonces se ataca a la “patria”; 6) Presencia exagerada de imágenes y eslogans en diferentes edificios públicos y medios masivos; 7) Designación de calles, avenidas, plazas, escuelas, estadios y hasta edificios públicos con el nombre del líder o de algo relacionado con las ideas que éste profesa.
Si bien la lista no es exhaustiva, aquí podemos encontrar los principales indicios de que en un lugar determinado se ha desatado un régimen tiránico o totalitario. Los ejemplos en el mundo son clásicos: desde los retratos de Mao en todos los hogares chinos, pasando por las estatuas de Saddam Hussein a lo largo y ancho de Irak antes de su caída, los distintivos y saludos oficiales durante el nazismo, la institución del cumpleaños de Nicolae Ceausescu y de su esposa como feriados nacionales en la Rumania comunista, o el disparatado cambio del calendario en Turkmenistán para honrar a su dictador ya fallecido.
Como el lector podrá observar, la totalidad de los siete puntos antes descriptos tienen relación en mayor o menor medida con lo que sucede actualmente en Argentina. En el caso del punto siete, debemos aclarar que se cumple perfectamente respecto del ex presidente fallecido Néstor Kirchner. Y respecto de Cristina Fernández, hay un par de datos que deben tenerse en cuenta para llevar esta situación a la más absoluta ridiculez. Cuando la presidente se dirige al país a través de la cadena nacional, su intérprete para hipoacúsicos está ataviada de negro, en sintonía con aquélla. Y en el reciente desfile de la diseñadora Susana Ortiz, en el Buenos Aires Alta Moda, no hubo cierre con el vestido de novia como ya es un clásico, sino que fue reemplazada por un vestido de noche totalmente negro, lucido por una de las figuras más genuflexas respecto del kirchnerismo: Andrea del Boca.
Estimado lector: ¿Aún piensa que Argentina es una República, o su forma de gobierno es republicana, así como lo manda su Constitución en su artículo primero?

Mala memoria

Quien esto escribe tenía 15 años el 24 de marzo de 1976. Pese a la corta edad, la novedad del golpe de estado me sorprendió en mi puesto de trabajo, era aprendiz en una fábrica metalúrgica. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. La gente no festejaba, pero tampoco aparecía abatida ni desesperada. Es que el gobierno que había sido depuesto esa madrugada dejaba al país en una situación límite, con una inflación galopante, un gran desborde sindical y lo que era peor: las calles sembradas de cadáveres.
Por supuesto que nadie hizo nada para impedir ese desenlace tan anunciado (hacía ya tres meses que se hablaba del golpe). Nadie tenía respuestas para arreglar semejante desastre y una vez más se esperaba la “solución” militar para algo que en gran medida había generado la dictadura militar precedente con la inestimable colaboración del tercer gobierno peronista. El propio Mario Firmenich, máximo responsable de la Conducción Nacional de Montoneros, declararía años más tarde que “desde octubre de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista.”. Y no le faltaba razón: la “guerra sucia” que tanta sangre hizo correr había comenzado mucho antes del 24 de marzo de 1976, sobre todo a partir del advenimiento de la “Triple A”, cuya génesis la podemos encontrar en estas palabras de Juan Domingo Perón pronunciadas públicamente luego del fallido copamiento del regimiento de Azul por parte del ERP: “Si no tenemos ley el camino será otro, pero les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia nosotros tenemos más medios, ¡y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes!"
Claro, en aquellos años no había “desaparecidos”. Los muertos se contaban por centenares cada año, pero los cadáveres aparecían. Las víctimas de la guerrilla y de la represión ilegal. Era la gran diferencia. A partir del golpe militar la guerra siguió, aunque del lado revolucionario sólo Montoneros contaba con capacidad de despliegue para continuar con sus atentados. Y del lado militar se sistematizó la cacería empleando métodos importados de la contrainsurgencia francesa y de la OAS en la guerra de Argelia.
Es decir, tanto en los años previos al golpe como en los posteriores, hubo una guerra. Ambos bandos lo decían abiertamente. Cabe recordar uno de los “slogans” del ERP: “Viva la guerra por la segunda independencia”. No se trataba de una guerra convencional, obvio. Pero los objetivos de ambos bandos estaban muy claros. La guerrilla, en diferentes fases, planeó una improbable toma del poder mediante diferentes estrategias según el grupo. Y el objetivo, en todos ellos, era establecer una dictadura de tipo marxista-leninista. La “liberación”, según el particular eufemismo que utilizaban. Ante semejante ofensiva, las fuerzas legales no podían quedarse con los brazos cruzados esperando su propio exterminio. Sin embargo, para las actuales autoridades, parece que sí, que eso era lo que deberían haber hecho. Los guerrilleros estaban formados para robar, destruir y matar, según fuera la estrategia de cada momento. No eran “flores que adornaban los campos persiguiendo un destino”, como rezaba aquella canción de Víctor Heredia. Y había que combatirlos frente a frente con las armas. Nadie que no haya sido simpatizante de aquellos violentos podía estar en desacuerdo con esto. El problema es evaluar la metodología represiva. Por supuesto que el plan militar buscó hacerlo en tiempo récord y con la menor cantidad de bajas propias posible, pero aún así se pudo haber procedido evitando graves violaciones a los derechos más elementales, aquellos que decían proteger impidiendo el triunfo de ideas totalitarias que tampoco los respetan. La elección de la metodología tuvo, por parte de algunos militares (los pocos que la reconocieron) excusas extravagantes: que si aplicaban la pena de muerte el Papa se iba a enojar (….) o que si encarcelaban a los guerrilleros después iba a venir un gobierno civil a abrir las celdas como sucedió en 1973….la cuestión es que, además del terror indiscriminado que dejó muchas víctimas inocentes, esto terminó por glorificar (en el sentimiento popular) a algunos protagonistas de la violencia setentista cuya gloria era inexistente. Y las actuales autoridades, cuyos integrantes si no habían pertenecido orgánicamente a las fuerzas guerrilleras, eran claros simpatizantes de las mismas, poco y nada habían hecho por reivindicar los derechos humanos en tiempos en que hacerlo implicaba algunos riesgos.
En resumidas cuentas, se ha instituido el “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia” a celebrarse el 24 de marzo de cada año. Como si la violencia y la violación de los más elementales derechos hubiera comenzado ese día de 1976 y se hubiera agotado con la última dictadura militar. Lo cierto es que no hay memoria, o ésta es absolutamente imperfecta, por razones ya señaladas. Aquí no hubo un genocidio contra ciudadanos indefensos que pensaban distinto. Y por ende, tampoco hay verdad. La verdad de los hechos es muy diferente a como la plantean los viejos simpatizantes de la guerrilla hoy en el poder. Y si hubo justicia, ésta fue absolutamente parcial. Porque viejos personeros de la violencia en contra de las instituciones republicanas jamás fueron juzgados por sus crímenes, ni la represión indiscriminada que se desató en contra de su bando puede ser tomada como justificativo para dejarlos impunes.

Dogma de Estado

Muchos de los que no votamos por el partido gobernante en las últimas elecciones (y más aún aquellos que no lo haríamos jamás) nos preguntamos cómo el país pudo haber llegado a esta situación; esto es, reelegir con un 54% de los votos válidos a un gobierno que, en otras latitudes, debió haber renunciado en masa mucho antes de concluir su mandato. Muchos comparan esta situación con la vivida en 2001, en tiempos de la Alianza. Aquello fue una experiencia nefasta, atiborrada de errores y con importantes hechos de corrupción. Sin embargo, se limita a un juego de niños puesta a la par de la actual gavilla de bandidos que nos gobierna. ¿Cuál es la diferencia entonces? Creemos que la clave está en el origen político de los gobernantes de turno. La Alianza había llevado a un radical como presidente y él era la cabeza visible de la coalición, mucho más luego de la renuncia de su vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez. Pero tenía un componente peronista, el FREPASO, compuesto en su mayoría por disidentes del menemismo, lo que por ejemplo le permitió a la actual ministro de Seguridad, Nilda Garré, acceder a la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior (un virtual vice-ministro). Pero claro, en absoluta concordancia con la amnesia generalizada de la población, cuando de reproches se trata, los actuales funcionarios, buscando culpables de sus tropelías e incapacidades en aquella triste etapa, se precupan en “olvidar” convenientemente la “pata peronista” de aquella Alianza.
¿Y por qué Fernando De la Rúa fue forzado a renunciar por el caos y la falta de respaldo de la oposición, mientras el actual gobierno goza de respaldo popular y una oposición inexistente? La respuesta es simple. No formaba parte del “dogma de Estado” en que se ha convertido el peronismo en sus diversas expresiones y formatos. No hay que olvidar que el Frente para la Victoria tuvo su origen en Santa Cruz como una expresión interna de ese conglomerado amorfo que se ha dado en llamar justicialismo. Y al “dogma de Estado” no se lo cuestiona, no se lo investiga, no se lo discute, aunque las evidencias de su nocividad sean abrumadoras. Cualquier facción del peronismo que llega al poder, consigue de inmediato inmunidades ideológicas que envidiaría cualquier religión. Por ende, toda oposición al régimen es catalogada de inmediato como “gorila”, luego de un análisis tan científico como el de la Inquisición para con los “herejes”. Y la mentira se vuelve automáticamente una verdad revelada, con tal de que sea proferida por el gobernante de turno. Si bien el uso de la mentira sistemática como arma de dominación desde el poder está lejos de ser una característica local, en nuestro medio llega a dimensiones realmente sorprendentes. Los datos y gestiones que pregona Cristina Fernández desde el atril son tan verosímiles y verificables como la ascensión al cielo del profeta Elías en un carro de fuego tirado por caballos de fuego.
El “proyecto nacional y popular” se ha vuelto un instrumento indispensable para la salvación dentro de esta liturgia pagana que nos invade. De nada importa que jamás en la historia país algúno haya conseguido prosperidad con este tipo de políticas. El “dogma de Estado” dice otra cosa. El “proyecto” se propone defender a los más necesitados. Tanto, que cada día se multiplican por doquier. Pero nadie parece observarlo. Todos prefieren escuchar el “relato”, la nueva realidad, el país imaginario donde todos los “buenos” son felices y todos los “malos” van al infierno del ostracismo. Y todos aquellos que se atrevan a poner en duda la historia oficial, serán condenados a la hoguera como pertenecientes a la “clase dominante” que con su maldad, pretende destruir al país y a su “pueblo”.
En este estado de cosas, es difícil imaginar otra solución que la unión de aquellos que aún tenemos la dignidad necesaria para defender la República. No en torno a ideas políticas difusas. Sí en torno a la simple vigencia de la Constitución y de las leyes. Eso es la República, ni más ni menos que el imperio de las leyes, no de las mayorías circunstanciales ni de persona determinada.

La censura y el "relato"

El bochornoso episodio que tuvo lugar mientras se emitía el programa conducido por Marcelo Longobardi en el canal C5N sigue dando que hablar. Parece que la dictadora suprema de todas las pampas enfureció con los dichos del siempre ácido Jorge Asís y terminó ligándola de rebote el ahora “opositor” Alberto Fernández, uno de los artífices de la presión a los medios críticos en tiempos del primer kirchnerismo. Si fue Julio De Vido el que levantó el teléfono y generó todo, es lo de menos, más allá de que haya tenido un agitado día en el Senado. Lo que queda absolutamente claro es quién fue el autor intelectual de la grosera maniobra. Es evidente que el cristi-kirchnerismo ya no se siente conforme con el apriete a los medios a través del reparto de la publicidad oficial. Ahora recurre a métodos de acción directa, total siempre tiene algún alcahuete a su disposición para elaborar una explicación que, no por inconducente deja de ser efectiva en el país de la autocensura. En efecto, el acomodaticio Daniel Hadad, que supo conducir un programa junto al propio Longobardi a fines del gobierno de Raúl Alfonsín y que no precisamente era complaciente con el gobierno radical, esbozó una explicación sobre el tema con tanta credibilidad como las estadísticas del INDEC morenista. Habló de un “exceso de formalismo” en los horarios televisivos, como si los televidentes y analistas fueran estúpidos para no darse cuenta que eso era una simple patraña, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que las repeticiones del programa que siempre tenían lugar más tarde y al otro día, no salieron al aire sin que nadie se viera obligado a explicar por qué.
Es decir, ni más ni menos que el “relato “ oficial es contagioso. La gran tirana de Ringuelet llama “sintonía fina” a lo que empieza a ser un brutal ajuste. Y uno de los titulares de medios más favorecidos por la pauta publicitaria del gobierno llama “exceso de formalismo” a la simple censura de contenidos.
En el momento que esto se escribe, y ya desde varias horas antes, el sitio Jorge Asís Digital se encuentra inaccesible, posiblemente víctima de algún ataque de tipo DDoS (denegación de servicio) por parte de un grupo de serviciales hackers en apoyo al “modelo”.
Y mientras todo esto sucede, la enorme mayoría de la gente sigue en estado de hibernación, como si nada pudiera afectarla. De hecho, esto es lo que votó la mayoría de aquellos que votaron, con el agravante de haber dejado con porcentajes ínfimos a quienes más se oponían al “vamos por todo”.
En un acto llevado a cabo en el lugar donde funcionaba la ESMA, el 11 de septiembre de 2009, la amazona de la libertad de expresión anunciaba, por cadena (condena) nacional, el envío al Congreso de un proyecto de ley para eliminar del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. Durante ese discurso, pronunció frases como éstas: "Dudo que haya habido otra etapa en la vida institucional del país donde se haya podido hablar con mayor libertad que en la etapa que me ha tocado gobernar a mí".
"Yo prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien".
Claro...se olvidó de aclarar que, si alguien dice la verdad, estará en problemas.

CFK y sus "nazis"

Ayer habló nuevamente nuestra primera mandataria y oradora en jefe. Y como cada vez que eso sucede, terminamos preguntándonos qué maldad tan grave habremos hecho para merecer semejante castigo.
El motivo principal de su alocución ya no interesa, que por lo general es algún tema irrelevante para la administración del Estado. La señora suele usarlos como excusa para vomitar todo su odio contra la prensa libre o cualquier ciudadano que ose oponerse a su voluntad o pensamiento. Ahora apuntó sus dardos venenosos contra dos periodistas, tal es el caso de Osvaldo Pepe, del diario Clarín, y Carlos Pagni, del diario La Nación. Del primero le molestaron sus definiciones sobre miembros de esa agencia de colocaciones VIP denominada La Cámpora: el redactor opinó que “muchos de ellos son hijos o familiares de militantes montoneros” y que “los identifica el mismo gen”. Y dijo que estas expresiones le sonaron a Josef Mengele, le pareció muy nazi. Y no es más que otra obscena exhibición de su brutal ignorancia, ya que a lo sumo podría haber asociado el tema con Cesare Lombroso, el padre de la antropología criminal, de quien debería tener noticias si fuera abogada como pretende. Lombroso sí investigaba el delito como resultado, entre otras cosas, de un proceso genético. En cambio, los horrendos experimentos del Dr.Mengele sobre seres vivos nada tenían que ver con la criminología ni los delitos. Porque a lo que se refería claramente el redactor vapuleado, era a la condición criminal de los Montoneros como aspecto negativo, y no a su pertenencia a una raza o etnia determinada. Pero claro, esto es apenas un detalle imperceptible para la claque descerebrada que está siempre pronta a ovacionar cualquier estupidez que emane de su “brillante” conductora.
Todo esto ante la extravagante escena de la presidente denostando a los nazis con la imagen de fondo del militar que dio acogida en la Argentina a muchos de los más encumbrados jerarcas del Tercer Reich luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
Y luego arremetió contra Carlos Pagni, por el crimen de lesa humanidad de haber descripto al camporista Axel Kiciloff como descendiente de un rabino emigrado desde Odesa (Ucrania). Dijo que el artículo tenía “un tufillo antisemita”. Es decir, si mencionar en la breve biografía de una persona que existe un estudioso del judaísmo entre sus antepasados es ser antisemita, cómo se podría calificar entonces el ocultar ese dato. Porque en apariencia la intención de la presidente hubiera sido ésa: ocultar dicha información. Si no, no se entiende semejante observación. Entonces, ¿quién es más antisemita?
Señora presidente: el 54% del electorado le confió su voto para que gobierne, no para que haga el ridículo en cada una de sus intervenciones públicas. Si no está en condiciones físicas óptimas para cumplir con su función, entonces váyase. Los que amamos la libertad, los derechos individuales y la plena vigencia de la Constitución Nacional, le agradeceremos ese gesto patriótico.

Valorar al Congreso

En estos días se intenta poner el marcha el mecanismo de juicio político en la Cámara de Diputados con el objeto de separar del cargo al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por los evidentes indicios de corrupción que actualmente están siendo investigados por la Justicia Federal. De todos modos, las causas suficientes para promover este procedimiento de destitución se circunscriben principalmente a la conducta que el acusado asumió con posterioridad al conocimiento público de los hechos que se investigan, lo que configura la causal del “mal desempeño” en sus funciones. Esto es, guardar silencio durante largo tiempo y aparecer luciendo sus supuestas dotes artísticas ataviado con una camiseta inscripta con la leyenda “Clarín miente”, más el patético desfile por cuanto medio de comunicación oficialista se le cruzó en mente tratando (infructuosamente) de elaborar algún tipo de defensa.
Siendo éste un procedimiento constitucional, no debería general objeción alguna; no obstante ya se han alzado algunas voces supuestamente opositoras argumentando que, como el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras (sobre todo en la de Diputados, donde debe comenzar el proceso de acusación), la presentación carece de utilidad práctica. Se trata de un grave error, porque el hecho de promover el juicio genera un debate, y la necesidad de dar explicaciones, que no siempre pueden ser convincentes; respaldar sin argumentos sólidos a un alto funcionario por parte del oficialismo puede resultar en un verdadero suicidio político. Además, no siempre los legisladores de un partido están constreñidos a votar en un solo sentido por el jefe político de su partido, sino que sus propias convicciones sobre el tema a tratar también cuentan. Cabe recordar lo sucedido en 2008 durante el debate por la famosa Resolución 125: 12 senadores (de los cuales 2 eran del FPV) , ligados de una u otra manera al peronismo, votaron en contra al igual que el denostado vicepresidente de entonces, Julio Cobos.
Otra cosa a tener en cuenta es la errónea visión que suele tener la gente común sobre la misión de los legisladores. Recuerdo una conversación que mantuve en en los albores del menemismo con una colega de oficina, que no era precisamente una persona con escasa cultura sino una contadora pública; se quejaba amargamente de los legisladores que “no sancionaban las leyes que necesitaba el presidente para gobernar”. Bueno, si los ciudadanos con cierta cultura cívica piensan así, qué podemos esperar de aquéllos que no la tienen…la contradicción resulta evidente. Por un lado, se critica la inacción de muchos diputados y senadores (cosa que es absolutamente cierta, basta revisar los antecedentes de la actuación legislativa de muchos de ellos). Pero por otro también se critican las iniciativas de otros ya que carecerían de importancia práctica...no es así como se construye una alternativa válida ante el atropello oficialista a la división de poderes.
Desde este espacio aplaudimos y estimulamos la presentación llevada a cabo por legisladores no oficialistas. Por supuesto que la mayoría de dos terceras partes de miembros presentes que exige la Constitución para la viabilidad de la acusación, es algo mucho más que difícil de lograr. Pero de ningún modo debe ser al mismo tiempo óbice para que se cumplan los mecanismos constitucionales habilitados para destituir a un alto funcionario del gobierno.
Sí, señores. Las elecciones no consagran dioses del Olimpo. Ni con el 54% ni con el 90%. Apenas ciudadanos que, demostrando falta de idoneidad para ejercer su cargo, pueden ser removidos y darle lugar a quienes realmente puedan honrar su función.

El caso CFK

En la entrada anterior comentábamos sobre la situación del vicepresidente Amado Boudou con respecto al hecho de corrupción en el que aparece involucrado. Por supuesto que no es el primero ni será tampoco el último; si bien el actual gobierno es una auténtica caja de Pandora, la corrupción es endémica en Argentina y encuentra sus raíces en tiempos de la misma organización nacional.
Sin embargo, la actual presidente de la Nación parece ser inmune a cualquier acusación ciudadana respecto a los delitos de sus subordinados o cualquier funcionario que haya prohijado o designado. En un fenómeno verdaderamente curioso, teniendo en cuenta que respecto algunos de sus predecesores la población ha tenido mucha menor consideración frente a casos que, comparados con los que salpican a la viuda del eterno luto, parecen juego de niños.
Se suele decir que el argentino es capaz de tolerar todo menos que le toquen el bolsillo. No obstante, también parece que poca gente nota que hay muchas vías indirectas por las cuales nos tocan los bolsillos. La insólita falta de reacción frente a la confiscación de los fondos de las AFJP es una clara demostración para esta hipótesis. Claro, el “relato” oficial, que pregona este hecho como si fuera un acto heroico en defensa de los haberes jubilatorios, ha oscurecido los escasos cuestionamientos y capitalizado este vulgar latrocinio como un acto de gobierno audaz y favorable a los más necesitados.
Marcos Aguinis nos recuerda en su libro “El atroz encanto de ser argentinos” que ya Charles Darwin, en su breve paso por estas tierras en 1833, pudo detectar el imperio del soborno y de la corrupción, y una extraña solidaridad hacia los delincuentes, como si hubiera una subterránea identificación entre el ciudadano común y los que violan la ley. Con tan arcaico antecedente no podemos sorprendernos por los resultados de algunas encuestas que indican que a los argentinos les preocupa poco o nada que haya corrupción administrativa. Y cuando no hay más remedio que reconocer un escándalo, en éste jamás se encuentra involucrado el jefe de los protagonistas directos, siempre y cuando caiga “simpático” a los ojos del pueblo, sin importar las razones para ello. Pasó con Menem, ahora se traslada a Cristina Fernández.
Y en el caso específico de la autodidacta de Tolosa, la ceguera de buena parte de la población alcanza límites insospechados. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya no alcanza con la financiación de su primera campaña con fondos sucios, entre ellos el dinero de PDVSA gentilmente traído por el valijero Antonini Wilson, ni con la expansión geométrica de su fortuna durante el ejercicio del cargo que aún ostenta, ni su reconocido respaldo a personajes tan impolutos como Hebe de Bonafini y su prohijado Sergio Schoklender. De su falta de idoineidad para gobernar, hecho por demás evidente en la primera mitad de su primer mandato, pocos se ocupan, y los que lo hacen, parecen resignados a aceptarlo pensando que otros podrían ser peores. Y hasta los que se suponen más calificados para pensar de otro modo, no paran de elogiarla por su gran oratoria. ¿Es una gran oradora Cristina Fernández? Por supuesto que no. Para ser calificado de gran orador, no sólo hay que saber hablar sin ayuda de papeles, como parece ser la única condición que imponen los opinadores que han creado este pseudotítulo honorífico. También hay que decir algo, el discurso debe tener un contenido. La presidente es una gran versera, entendiendo por tal a aquel que habla todo el tiempo sin decir prácticamente nada útil. En eso no podría superarla siquiera su gran mentor Fidel Pintos, con su gran creación, la “sanata”. El ingenio popular en Twitter ha calificado su última intervención en la apertura de sesiones del Congreso Nacional como “Avatar” (por la película), dado que hubo más de tres horas de fantasías y ningún contenido…
En sus primeros cuatro años al frente del Poder Ejecutivo pronunció más pavadas que todos sus predecesores juntos desde Rivadavia en adelante. Sin embargo, el promedio de ignorancia en el país es de tal magnitud que hasta aparece como una intelectual experta en todos los temas. Fiel reflejo del atraso crónico que vive el país.
Y qué podemos decir sobre sus ideas…en uno de sus tantos e insufribles discursos, dado el 25 de marzo de 2009 en San Fernando, la presidente recordó que, luego de producido el golpe militar de 1976, su madre arrojó al pozo ciego de su casa en Ringuelet toda la colección de las revistas “El Descamisado” y “Militancia”. Para los que no vivieron la época y no están al tanto, aclaramos que la primera mencionada era el órgano oficioso de la Organización Montoneros, dirigida por Dardo Cabo, y que lo fue hasta el día en que el gobierno de Isabel Martínez de Perón decretó su clausura definitiva. La segunda, dirigida en tándem por el entonces diputado Rodolfo Ortega Peña y el actual secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, tenía una clara orientación marxista-leninista pese al título (su nombre completo era “Militancia Peronista para la Liberación”). Un párrafo de la nota editorial de su primer número, lanzado el 14 de junio de 1973, no deja lugar a dudas: “Los destinatarios de MILITANCIA serán entonces especialmente los cuadros militantes del Movimiento Peronista, y en este intento de crear una publicación semanal que contribuya, como una herramienta más, al desarrollo de la guerra popular en la especial coyuntura política argentina, trataremos de ir superando con esfuerzo las limitaciones y deficiencias de toda prensa política popular, que en este caso se larga a la aventura de abandonar el mimeógrafo y su difusión en mano, para adquirir las formas externas de las revistas convencionales.”
Estimado lector, ¿entendió ahora qué significa el “vamos por todo”?
Por supuesto que el Premio Nobel de sociología no existe, pero habría que instituirlo al menos por única vez para premiar al que consiga revelar el motivo por el cual semejante personaje obtuvo el respaldo del 54% del electorado en los últimos comicios y que, según algunas encuestas, bordeó el 70% de imagen positiva después de la asunción de su segundo mandato. Una tragedia como la de Once, cuya responsabilidad es imposible no atribuir a la desidia oficial en la administración de los recursos y de los servicios de transporte, y que la encontró “esquivando el bulto” tal como lo hiciera su extinto cónyuge con el desastre de Cromañón, apenas consiguió que esa “imagen positiva” baje algunos puntos…claro, el tema ya es viejo, muy viejo. El argentino suele votar estas cosas y luego pedirle pan a San Cayetano.
Entonces, la culpa no es del chancho. Se sabe que el ser humano es el único ejemplar del reino animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, con excepción de los argentinos, capaces de hacerlo cien veces sin ruborizarse. Claro, siempre existirá algo o alguien a quien cargarle la responsabilidad por el infortunio. Y de eso la señora Fernández, viuda de “EL” (la ironía es creación de Jorge Lanata), sabe mucho.

El caso Boudou

El 30 de junio de 2011 Santiago Kovadloff publicaba un revelador artículo en el diario La Nación bajo el título “La Constitución o el delito”. En su primer párrafo, expresaba: “Queda claro: la lucha de fondo, a partir de aquí, será a favor o en contra de la Constitución. A favor o en contra de la ley. A favor o en contra de la alternancia. A favor o en contra del autoritarismo.”
Lo que sucedió después, ya lo sabemos. La gente eligió el delito. Los motivos de este proceder son complejos y seguramente nos detendremos a analizarlos más adelante. Pero ahora, con este panorama de “cheque en blanco” otorgado a un gobierno que avanza hacia el totalitarismo sin que nadie parezca verse afectado por ello, no podemos esbozar siquiera una sorpresa por la situación en la que se encuenta el actual vicepresidente Amado Boudou.
El extravagante ex ministro de economía, cuya actuación al frente del viejo Palacio de Hacienda parece haberle dado muchos réditos personales pero que resultó absolutamente intrascendente en su función específica (un clásico del kirchnerismo desde la salida de Roberto Lavagna), deambula a través de medios oficialistas intentando explicar lo inexplicable, lleno de contradicciones y actos fallidos, que no hacen más que hundirlo más en el fango del escarnio.
En efecto, luego de su insólito nombramiento como candidato a dedo, muy acorde con la historia del peronismo más rancio, se dedico a hacer campaña por medios no convencionales, seguro de captar votos de los sectores más proclives a considerar que la idoneidad para ejercer cargos públicos pasa por la habilidad para hacer el ridículo. Luego de la victoria electoral, seguro de la impunidad que eso le aseguraría, y confiando en el respaldo que le daría su protectora, se burló de las denuncias en su contra hasta que algo se rompió.
Su pasado en la UceDé y en el CEMA no lo pintaban como alguien confiable en el ultrakirchnerismo. Algún episodio aislado le hizo ganar muchos enemigos internos y eso incidió para que le soltaran la mano. Contrariamente a lo habitual, el juez todoterreno Norberto Oyarbide se excusó de absorber su caso, pese a que sus maniobras previas hacían suponer lo contrario, y ahora el guitarrista y motoquero se encuentra a la deriva. Tan poco efectivas resultaron sus explicaciones que hasta generó un resurgimiento de la “oposición”, que alzó tímidamente la mano con un intento de juicio político que, como se sabe, no prosperará. De renuncia, ni hablar. En el kirchnerismo no se renuncia, excepto en aquellos casos donde hay plena seguridad de que la presidente no será afectada a los ojos del “pueblo”. Que ella nombró candidato a Boudou sin otro requisito que haberle demostrado fidelidad canina, es algo de lo que nadie se acordará. No vaya a ser que esa memoria afecte la “gobernabilidad”, ¿no?
Mientras tanto, tuvo que ocurrir una tragedia con 51 víctimas fatales y centenares de heridos para que la "gente" empiece a ver con otros ojos a la presidente de la Nación, que tiene hace mucho tiempo licencia para mentir y construir una realidad virtual con la que busca hipnotizar a los más fanáticos de su "modelo" y destruir lo poco que queda del sistema constitucional. Casos de corrupción como el que afecta a quien debe asumir la primera magistratura del país en caso de ausencia de la presidente, no importan.

Presentación

Este espacio no pretende otra cosa que convertirse en alternativa de expresión y resistencia activa contra la tiranía en que ha degenerado el gobierno de la República Argentina (república sólo en los papeles) luego de la ratificación que le ha dado buena parte de la ciudadanía en las urnas. No aceptamos en modo alguno que una mayoría circunstancial dé crédito a una persona o a un grupo de personas para hacer con el país lo que se le ocurra, principalmente cuando la vigencia plena de los preceptos constitucionales está en juego. Hay que decirlo con todas las letras y de una buena vez: el gobierno de la señora Cristina Fernández tiene legitimidad democrática de origen, así como la había tenido su período anterior, pero ya en aquél se pudieron observar graves irregularidades en el respeto a las leyes y a la división del poder, base del sistema republicano que consagra nuestra Constitución. Si parte de la mal llamada "oposición" piensa que el haber obtenido el 54% de los votos válidos le da licencia al gobierno para hacer lo que se le cante, desde aquí les decimos que están muy equivocados.
En momentos en que el famoso "modelo" está en crisis terminal, el gobierno ya no sabe dónde meter mano para financiar la orgía de consumo que le da sustento, gran parte de la población no se da cuenta de la situación de prostitución ciudadana en la que está inmersa. Parece no hesitar en entregar su libertad y su honor por un temporal beneficio material del que seguramente se arrepentirán pronto. Este insólito conformismo y la ausencia de una oposición contundente genera un efecto "bola de nieve" que nos conduce aceleradamente hacia el abismo.
El desparpajo y la amoralidad exhibida por algunos funcionarios en sus declaraciones luego de la tragedia de Once nos obliga a tomar partido sin demora por la resistencia a un régimen que si no es detenido a tiempo, puede terminar con la libertad en la Argentina. Quien esto escribe conoce en detalle las ideas con las que se nutrieron en su juventud tanto la presidente como buena parte de sus asesores y funcionarios más cercanos. Y también sabe qué significa la consigna "vamos por todo", repetida por la señora Fernández en forma insolente mientras un funcionario provincial daba un discurso.
El editor de este blog sostiene los principios del liberalismo clásico, que no son otros que los plasmados en la Constitución Argentina de 1853/60. No obstante, invitamos a todos aquellos que, aún sin compartir plenamente estas ideas, tengan coincidencias básicas en la necesidad de un cambio urgente en la orientación política del país, a sumarse e integrar con su aporte personal un nuevo espacio de opinión para enfrentar al peligro totalitario que nos acecha.