Valorar al Congreso

En estos días se intenta poner el marcha el mecanismo de juicio político en la Cámara de Diputados con el objeto de separar del cargo al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por los evidentes indicios de corrupción que actualmente están siendo investigados por la Justicia Federal. De todos modos, las causas suficientes para promover este procedimiento de destitución se circunscriben principalmente a la conducta que el acusado asumió con posterioridad al conocimiento público de los hechos que se investigan, lo que configura la causal del “mal desempeño” en sus funciones. Esto es, guardar silencio durante largo tiempo y aparecer luciendo sus supuestas dotes artísticas ataviado con una camiseta inscripta con la leyenda “Clarín miente”, más el patético desfile por cuanto medio de comunicación oficialista se le cruzó en mente tratando (infructuosamente) de elaborar algún tipo de defensa.
Siendo éste un procedimiento constitucional, no debería general objeción alguna; no obstante ya se han alzado algunas voces supuestamente opositoras argumentando que, como el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras (sobre todo en la de Diputados, donde debe comenzar el proceso de acusación), la presentación carece de utilidad práctica. Se trata de un grave error, porque el hecho de promover el juicio genera un debate, y la necesidad de dar explicaciones, que no siempre pueden ser convincentes; respaldar sin argumentos sólidos a un alto funcionario por parte del oficialismo puede resultar en un verdadero suicidio político. Además, no siempre los legisladores de un partido están constreñidos a votar en un solo sentido por el jefe político de su partido, sino que sus propias convicciones sobre el tema a tratar también cuentan. Cabe recordar lo sucedido en 2008 durante el debate por la famosa Resolución 125: 12 senadores (de los cuales 2 eran del FPV) , ligados de una u otra manera al peronismo, votaron en contra al igual que el denostado vicepresidente de entonces, Julio Cobos.
Otra cosa a tener en cuenta es la errónea visión que suele tener la gente común sobre la misión de los legisladores. Recuerdo una conversación que mantuve en en los albores del menemismo con una colega de oficina, que no era precisamente una persona con escasa cultura sino una contadora pública; se quejaba amargamente de los legisladores que “no sancionaban las leyes que necesitaba el presidente para gobernar”. Bueno, si los ciudadanos con cierta cultura cívica piensan así, qué podemos esperar de aquéllos que no la tienen…la contradicción resulta evidente. Por un lado, se critica la inacción de muchos diputados y senadores (cosa que es absolutamente cierta, basta revisar los antecedentes de la actuación legislativa de muchos de ellos). Pero por otro también se critican las iniciativas de otros ya que carecerían de importancia práctica...no es así como se construye una alternativa válida ante el atropello oficialista a la división de poderes.
Desde este espacio aplaudimos y estimulamos la presentación llevada a cabo por legisladores no oficialistas. Por supuesto que la mayoría de dos terceras partes de miembros presentes que exige la Constitución para la viabilidad de la acusación, es algo mucho más que difícil de lograr. Pero de ningún modo debe ser al mismo tiempo óbice para que se cumplan los mecanismos constitucionales habilitados para destituir a un alto funcionario del gobierno.
Sí, señores. Las elecciones no consagran dioses del Olimpo. Ni con el 54% ni con el 90%. Apenas ciudadanos que, demostrando falta de idoneidad para ejercer su cargo, pueden ser removidos y darle lugar a quienes realmente puedan honrar su función.